Radiografía del Sector Salud Peruano: La Brecha entre Financiación y Calidad

El sistema de salud peruano se enfrenta a un momento crítico, marcado por la dificultad persistente de armonizar una cobertura amplia con la calidad efectiva del servicio. Expertos señalan que el gasto en salud como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) es significativamente bajo, lo cual representa una alarma estructural para el país. Mientras Perú invierte solo el 6% de su PBI en este sector, esta cifra se encuentra muy alejada del promedio de la OCDE, que asciende al 13%, y también por debajo de países vecinos como Chile, que registra un 10%. Esta disparidad evidencia una brecha de financiación crítica que pone en riesgo el desarrollo integral del sistema.

A pesar de que el presupuesto ha crecido notablemente —sextuplicándose en los últimos diez años—, este aumento no se ha traducido en mejoras estructurales. Los desafíos persisten en la gestión interna: existe un alto costo corriente asociado a planillas que bordean el 60% del gasto y una problemática recurrente de corrupción estimada entre el 10% y el 15%. Analizando los datos de ejecución presupuestal, se observa que si bien el gasto total en salud alcanzó S 157,671.2 millones en los últimos cinco años (ejecutando un 92.7%), la inversión pública muestra vacíos importantes. Específicamente, entre 2021 y 2025, de los S 26,070.4 millones asignados a inversión, solo se ejecutó el 77.6%, dejando hasta S 5,838.4 millones sin utilizarse, siendo las municipalidades y regiones las áreas más rezagadas en la absorción de estos fondos.

De cara al presente año fiscal, aunque salud cuenta con un presupuesto total de S 35,464.9 millones para actividades y proyectos, el monto destinado únicamente a inversión pública es de S 5,908.2 millones. Esta cifra debe ser gestionada por las autoridades sanitarias en un contexto donde la eficiencia del gasto sigue siendo cuestionada. La necesidad imperante es transformar los aumentos presupuestarios históricos en mecanismos que garanticen una distribución equitativa y transparente de recursos, asegurando que el dinero asignado realmente mejore la infraestructura y la calidad asistencial para toda la población.