El Litigio de *New Mexico*: ¿Puede una multa detener la crisis de seguridad infantil en *Meta*?

Aunque el Fiscal General de New Mexico, Raúl Torrez, logró un importante triunfo al obtener $375 millones de Meta en un caso histórico sobre seguridad infantil, los expertos señalan que esta cifra es solo el comienzo. La verdadera batalla legal se centra en forzar cambios estructurales y operativos dentro de la gigante tecnológica.

Los Cambios Estructurales Propuestos para *Meta*

A partir de este lunes, abogados de Meta y del estado regresarán a un juicio público sobre si la compañía ha cometido una ‘molestia pública’ (public nuisance). El objetivo no es solo monetario; se trata de obligar a la plataforma a modificar sus prácticas comerciales. Los cambios que el Fiscal General busca imponer son drásticos y afectan directamente cómo operan Facebook, Instagram y WhatsApp.

• Verificación de edad: Implementación estricta para todos los usuarios en New Mexico.
• Restricción de cifrado: Prohibir el uso de cifrado de extremo a extremo para menores de 18 años.
• Límites de uso: Establecer un tope mensual de 90 horas de uso.
• Funcionalidades limitadas: Restringir características que potencian la adicción, como el desplazamiento infinito y reproducción automática (autoplay).
• Detección obligatoria: Exigir a Meta detectar el 99% del material de abuso sexual infantil (CSAM).

Torrez ha sido claro en su postura: ‘Nuestro objetivo es intentar cambiar la forma en que la compañía hace negocios’, señalando que, aunque los fondos son significativos, no cambian el modelo operativo subyacente. La preocupación principal radica en cómo se puede lograr una seguridad infantil real y efectiva.

Este juicio podría enviar un mensaje poderoso a toda la industria tecnológica. Si un tribunal logra ordenar cambios tan profundos, otras empresas podrían verse obligadas a revisar sus modelos de negocio. Los abogados argumentan que el caso es un ejemplo de cómo los tribunales pueden intervenir para mitigar lo que consideran un peligro público.

La magnitud del proceso implica la participación de múltiples testigos expertos y peritos en derecho digital, quienes testificarán sobre la viabilidad técnica de las soluciones propuestas. Un fallo a favor de *New Mexico* podría energizar a miles de demandantes más que buscan responsabilizar a grandes plataformas por sus fallas en moderación de contenido.